Las dos veredas: un pantallazo de Historia

Desde algún tiempo antes del amanecer de nuestra patria, (y sin hacer mención a los conflictos entre pobladores originales y colonizadores), las elites residentes locales circulaban por dos veredas en cuanto a su relación con la Metrópoli y a su devenir inmediato: o continuar acatando su primacía o bien independizarse de la misma.

O sea que, en el conjunto social primaban dos ideas ejes sobre el futuro de la por entonces colonia, y ello en base a un principio común: la soberanía residía en el pueblo, pero para algunos esta soberanía era delegada a la Corona y así tenía que continuar siendo, en tantos para otros este poder debía independizarse de la realeza peninsular.

Ocurridos los acontecimientos de mayo de 1810, surge el enfrentamiento entre los moderados (con Saavedra a la cabeza) intentando apoyarse en los sectores más populares, y los radicales o jacobinos (entre quienes se encontraban Moreno, Castelli y Artigas entre otros) que se sustentaban en los intelectuales miembros de la elite ilustrada, en torno a reuniones en clubes o sociedades (el Café de Marco, o la Sociedad Patriótica) asumiendo que representaban esas ideas respectivamente.

Instalado ya el gobierno patrio y en su camino a la declaración de la independencia en 1816, estas primigenias ideas comienzan a ser influidas y desplazada por otras dos, que igualmente despertaran ardores: la de la preeminencia de Buenos Aires sobre el resto del país (proto unitarismo) y la de la igualdad de todas las comunidades del territorio (proto federalismo). Ello llevó a que estallaran guerras civiles en un intento general a crear gobiernos con ejecutivos fuertes y que ejercieran un control centralizado sobre la administración provincial.

Inútil resulta destacar que en estas ideas influían, y quizás mucho más que razones políticas, intereses económicos, sociales, de corporaciones e institucionales.

Algunos, en especial los que habían seguido estudios universitarios, miraban las diferentes formas constitucionales europeas  como el medio de conseguir la estabilidad.  Otros, la mayor parte de los cuales se encontraban entre los militares y los menos cultivados, preferían prescindir de tales cursilerías constitucionales y defendían el uso de la fuerza, sino del terror, como medio de mantener el orden.

El deseo, aparecido después de 1815, de establecer un Estado Constitucional más fuerte, se observa, por ejemplo, en el intento de establecer monarquías constitucionales con príncipes europeos, que por resistido, terminó no siendo aceptado.

La autoridad, que lejos de surgir del seno del pueblo se encarnaba en personas concretas, estuvo en manos de líderes fuertes que tendían a ponerse por encima de las leyes y las constituciones.  Estos líderes por lo general eran y son considerados caudillos, es decir, hombres cuya fuerza personal les permitía obtener la lealtad de un importante número de seguidores a los cuales movilizaban para enfrentarse a la autoridad constituida o para hacerse con el poder por medio de la violencia o la amenazas de violencia, y que no siempre actuaban de consuno, cuando no, se enfrentaban por cuestiones circunstanciales de poder.

Hasta Caseros, aproximadamente, la mayoría de los hombres considerados caudillos eran individuos que antes de empezar su carrera política tenían algún logro militar, ya fuera como soldados de la independencia o como jefes de la milicia provincial, como fue el caso de Juan Manuel de Rosas, empero, ningún caudillo fue capaz de dominar la situación y se produjo una serie interminable de guerras civiles o golpes de Estado para decidir quién gobernaría.

Después de Caseros, cuando los generales de la independencia fueron desapareciendo de escena, su papel de líderes militares en las luchas políticas internas fue asumido en parte por hombres que habían empezado su carrera política como civiles, esto es, abogados, periodistas, comerciantes y propietarios y que fueron empujados  al liderazgo debido a la violencia política de aquél entonces.

La mayoría de ellos provenían de la clase alta criolla, que fue la que más se benefició de la independencia de América Latina.  A fines del periodo colonial la mayoría de sus miembros poseían tierras, algunos habían entrado en el cuerpo eclesiástico y unos pocos estaban inmersos en el comercio internacional a gran escala.

Los gobiernos nacionales eran débiles y su control sobre las provincias era, en el mejor de los casos, incompleto.  Por ello las élites urbanas nacionales dirigían un aparato cuyas decisiones a menudo podían frustrarse a nivel provincial por los propietarios y comerciantes locales importantes. Y desde luego, muchas cuestiones de importancia local fueron planteadas por las élites provinciales sin que el gobierno nacional interviniera de forma significativa.

En este sentido se puede decir que el poder estaba ruralizado.

Influenciados por el borbonismo, la implantación del individualismo liberal inglés y francés en las instituciones, la creación de una sociedad liberal individualista significaba en términos políticos, establecer la igualdad jurídica y la supremacía del estado secular.  También implicaba garantizar la libertad del pensamiento.  Todos estos objetivos, la supremacía del estado, la igualdad ante la ley y la libertad del pensamiento, exigían liquidar las organizaciones corporativas que habían dominado la sociedad colonial, sobre todo la iglesia y el ejército.

En términos económicos, una sociedad liberal significa el establecimiento de un mercado libre.  Había que abolir los privilegios monopolizadores creados durante el periodo colonial, y liquidar las propiedades de la iglesia. Esta tendencia a un disenso en materia económica entre los grupos políticos, se hizo aún más fuerte después de 1853, cuando la región se incorporó más estrechamente al sistema comercial atlántico.

Estos intentos de reforma liberal dividieron a la élite cuando se refirieron al poder y los privilegios de la iglesia. Los conservadores pusieron a la iglesia en el centro de la discusión política al mismo grado que los liberales, que querían reducir el poder y los privilegios eclesiásticos.

Pese lo dicho ni en el territorio nacional ni en ningún país de América latina, antes de la década de 1850, hubo organizaciones políticas que movilizaran a las masas.

Las facciones o partidos se formaban principalmente para lograr el control del gobierno y los cargos que ponía a su disposición.  Los individuos se adherían a los líderes o grupos políticos que con más probabilidad les iba a recompensar.  Esto implicaba vincularse a líderes o grupos con quienes compartían un origen regional u otro tipo de conexión personal.  Hay cierta razón en contemplar la política de este periodo, de esta manera, porque hay  muchos grupos políticos que parecen tener como eje de su existencia este tipo de vinculación personal, más que una consistencia ideológica, ser conservador implicaba ocupar una ubicación central; los liberales solían ocupar una ubicación social más periférica.

Ante el resultado de la Batalla de Caseros, esta división entre federales y unitarios (ambos con caracteres conservadores y liberales en su conformación) tuvo una convulsión; se reagrupan las fuerzas políticas y las del pensamiento. Con el vencedor entraron en Buenos Aires, los dirigentes que nutrían su mente con teorías económico-políticas europeas, tomaron las riendas del poder y civilizaron el país encauzándolo por la senda del progreso, si bien en un principio lo hicieron a costa de bastante sangre de rosistas y sus adláteres. Los más entusiastas rosistas de otrora resultan los más enconados detractores de Rosas

La Provincia de Buenos Aires se segregó, y sancionó su propia Constitución, después de Pavón hubo unos años de respiro, turbados en parte por la guerra del Paraguay. Luego se impuso una batalla a muerte a quien se opusiese a la europeización del país: guerra a muerte a la barbarie, al gaucho, paso a la civilización según como era entendida.

Nuevamente las dos veredas y en el medio, el conjunto de la población que padecía sin participar.

Imposibilitada de subsistir la Confederación sin la incorporación de Buenos Aires, la política se centraliza en torno a este eje.

Las causas de la disolución fueron variadas, en el ámbito económico el naciente estado necesitaba recursos fiscales para mantenerse y la principal fuente de esos recursos era la aduana de Buenos Aires. La Confederación no sólo había eliminado las aduanas interiores sino que también había nacionalizado las aduanas exteriores y en particular la de Buenos Aires que con esto perdía su principal fuente de poder financiero.

Otro problema que enfrentó a las provincias fue el proteccionismo o el libre cambio que debía contener la política aduanera. Mientras Buenos Aires coincidentemente con las provincias del Litoral (fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos) eran partidarios del libre cambio que beneficiaba sus exportaciones, las restantes provincias defendían a ultranza el proteccionismo porque los precios de las mercaderías importadas competían de manera desleal con los de la producción local.

Las actitudes porteñas no contribuían en nada a un acercamiento con el gobierno de la Confederación. Tampoco ayudaban demasiado algunos gestos provenientes del otro lado.

Sin dar solución al problema político, se pactó un armisticio entre los Estados beligerantes sobre la base del statu quo, el compromiso de retirar sus fuerzas del lugar que ocupaban y de "conservar sus relaciones de comercio en el estado que tenían antes de ella, sin que ni uno ni otro impongan nuevas cargas que no fuesen impuestas a todo el comercio extranjero o que no existieran a esta fecha, respecto del comercio interno de uno y otro pueblo"

. Si bien la unión proyectada por Urquiza -es decir, la incorporación de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina- no se había conseguido, se obtenía una entente política.

    Este tratado, aunque no evitaba el cisma político, impedía momentáneamente la lucha en el plano económico al reconocer la unidad del sistema mercantil, y mantuvo oficialmente la amistad entre ambos gobiernos por algo más de un año.

Por él, ambos Estados se comprometieron a colaborar en la lucha contra los indígenas y aceptaron el principio de que la separación de Buenos Aires no alteraba las leyes de la Confederación; acordaron el uso de la misma bandera para los buques matriculados en la Confederación y en el Estado de Buenos Aires; y autorizaron la circulación libre de productos en ambas jurisdicciones, aclarando que las mercaderías extranjeras salidas de los puertos del Estado de Buenos Aires para la Confederación o viceversa no pagarían otros ni mayores derechos que los impuestos a los productos provenientes de otros mercados.

Decidida la intervención de Buenos Aires por Urquiza, esta es resistida y finalmente Adolfo Alsina, es elegido gobernador de Buenos Aires bajo la bandera de la separación de la Confederación Argentina.

Esta vez las dos veredas, tendrían su alcance a todo el territorio nacional.

La unificación fue posible en forma violenta, después de dos batallas: la de Cepeda, librada el 23 de octubre de 1859, afirmando el triunfo de la Confederación sobre Buenos Aires y acordándose el Pacto de San José de Flores (1859), por el cual Buenos Aires se incorporaría a la Confederación y ésta reformaría la Constitución de 1853 según las disposiciones de aquélla; y la batalla de Pavón (1861), que coronó el triunfo de Buenos Aires al mando del general Bartolomé Mitre, disolviéndose el gobierno confederal de Paraná.

Obviamente el país se unió políticamente, pero no pacíficamente.

A partir de ese momento tomo preeminencia y la conducción del Estado el PARTIDO AUTONOMISTA NACIONAL, fruto de la unión de los partidos políticos bonaerenses Autonomista y Nacional y se mantuvo en el gobierno hasta 1910.

El período estuvo signado por el control político de los gobiernos provinciales y nacionales por un conglomerado político de ideología liberal, aunque gradualmente devenida conservadora.

El Partido Autonomista tenía el control completo del gobierno nacional, y controlaba casi por completo a los provinciales. La característica dominante de la acción política del período fue el control de las elecciones por el grupo dominante a través del fraude electoral, el clientelismo y los acuerdos de cúpulas políticas.

Todo ello generaba oposiciones y hechos violentos (Revolución del Parque) con lo que se intentaba resistir al conservadurismo.

La figura política más relevante del período fue el general Julio Argentino Roca, hasta que en 1910, en que, los de la UNIÓN NACIONAL, logran imponer a Saenz Peña, quien, mediante la sanción de la  ley General de Elecciones, permite que el principal partido opositor, la UNIÓN CÍVICA RADICAL, gane las elecciones de 1916, llevando Irigoyen a la Presidencia.

El PAN, autodenominados conservadores, se disuelve a nivel nacional, subsistiendo como PARTIDO DEMÓCRATA o AUTONOMISTA en varias provincias, constituyéndose en la principal fuerza opositora.

El gobierno radical resolvió el problema del equilibrio regional en Argentina, pero y como consecuencia de ello, al mismo tiempo llevaron a un primer plano los desequilibrios sociales, para los cuales el radicalismo carecía de soluciones de fondo, al ignorar sistemáticamente las diferencias sociales existentes.

Se impulsó una serie de políticas de nuevo tipo que, en conjunto señalaban una tendencia nacionalista transformadora, entre las que se destacaron la creación de la empresa petrolera estatal YPF, las nuevas leyes rurales, el fortalecimiento de la red pública de ferrocarriles, la Reforma Universitaria y una política exterior fuertemente autónoma de las grandes potencias, pero al mismo tiempo sucedieron las grandes masacres obreras de la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia, con miles de trabajadores asesinados.

Constituida la UCR como partido de gobierno, en el cual se aglutinaron ciudadanos a partir de una misma visión de lo que no funcionaba y de los cambios que debían producirse para llegar a un régimen político democrático, con el devenir del tiempo va sufriendo distintas rupturas, tanto a nivel nacional como provincial y surgen nuevos partidos populares que van adquiriendo protagonismo a partir del voto secreto: el PARTIDO SOCIALISTA y el PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA.

Pero fundamentalmente las dos veredas se centran en los irigoyenistas (personalistas) y los anti yrigoyenistas (antipersonalistas) logrando estos últimos unificar a casi toda la oposición hacia 1927.

La crisis del año 30 y determinadas actitudes políticas (intervenciones provinciales) minan la popularidad del segundo gobierno Yrigoyenista y dan paso a la Revolución del año 30.

Sin desconocer los intentos golpistas y/o revolucionarios ocurridos en 1874 (Mitre contra Avellaneda), 1890 (UCR contra Juárez Celman), 1905 (Radicales Yrigoyenistas contra Quintana), se puede decir que la revolución del 30 encabezada por Uriburu (la Suprema Corte de Justicia establece el concepto de gobiernos de facto) es el primer triunfo desestabilizador de la democracia y que dará paso a una larga serie de ellos hasta 1976.

En 1930 se pretendió establecer una estructura estatal represiva ilegal, creando una "sección especial" de la policía para utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores, pero al no poder instaurar el régimen político ante la falta de apoyo político, Uriburu llamó a elecciones proscribiendo la participación en ellas del radicalismo.

La reinstauración democrática fue falaz, restringida y controlada por las Fuerzas Armadas y sectores conservadores de la sociedad, dando origen a una serie de gobiernos fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la Década Infame.

En 1943 se produce el único golpe de Estado en Argentina que fue pura y exclusivamente militar, sin apoyo civil, que acabó con todo un sistema de gobierno conservador y fraudulento.

La guerra mundial, las luchas internas y la alianza de un sector de los militares encabezados por Perón con los sindicatos y fuerzas laborales que culminaron en la  conformación de una corriente laborista-nacionalista, permitió que en la convocatoria a elecciones de 1946 triunfara el peronismo.

Ello dio lugar a que, entre 1946 y 1955 el período se caracterizó por una extrema polarización de las clases sociales, y llevó también a la conformación de un gran bloque social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores medios y altos, enfrentado a los sectores medios bajos y bajos cobijados por el peronismo.

Este enfrentamiento, que se prolongaría de manera vehemente hasta 1974, tuvo su punto culminante en 1955, cuando se produce la llamada REVOLUCION LIBERTADORA.

A partir de allí se invierten los papeles, de oficialista el peronismo pasa a ser opositor (en ocasiones con violencia), y los antiperonistas de opositores pasan a ser oficialistas.

La REVOLUCIÓN LIBERTADORA fue una dictadura militar de tipo transitoria, aunque no por ello exenta de violencia, contó con una Junta Consultiva Nacional integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista, que pronto se dividió en dos sectores: un sector nacionalista-católico liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal-conservador liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando y dando un golpe palaciego, por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como presidente.

Impuso la proscripción del Partido Peronista, la persecución de sus simpatizantes y la intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la historia argentina (hasta entonces), fusiló a opositores, en algunos casos en forma pública y en otros clandestinamente.

En 1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura.

Frondizi soportó durante su gobierno reiterados planteos e insurrecciones militares, mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al ministro de Economía (Álvaro Alsogaray) y terminaron en el golpe de 1962, liderado por los comandantes en Jefe del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina respectivamente.

El hecho que precipitó el golpe fue la amplia victoria del peronismo en las elecciones realizadas once días antes, en diez de las catorce provincias existentes en aquel momento, incluyendo la estratégica Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés Framini.

El peronismo había sido proscrito por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan Perón de presentarse como candidato y volver al país. Frondizi inmediatamente intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, pero el golpe era imparable.

Este se produce en 1962 a consecuencia de lo cual asume José María Guido, un senador radical intransigente que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores, debido a la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez. Teniendo en cuenta esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, liderada por Julio Oyhanarte, sostuvo que el derrocamiento de Frondizi era un caso de acefalía y convenció a Guido de asumir la presidencia por encontrarse en la línea sucesoria, algo que éste hizo jurando ante la Corte Suprema.

Los militares golpistas terminaron aceptaron la situación y convocaron a Guido a la Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido como presidente, en tanto y en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas indicadas por las Fuerzas Armadas, siendo la primera de ellas anular las elecciones ganadas por el peronismo.

Efectivamente Guido cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y designó un equipo económico de derecha.

En 1963 se volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (UNION CIVICA RADICAL DEL PUEBLO), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas utilizaron como forma de protesta.

En junio de 1966 se produce un golpe de estado que dio origen a una dictadura autodenominada Revolución Argentina, que ya no se presentó a sí misma como «gobierno provisional», como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente.

Este tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.)

La Revolución Argentina dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores.

En general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos.

La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).

En un principio predominaron en su influencia sectores civiles conservadores-liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Vasena, quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora, luego durante la dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas, que nombró Ministro de Economía al Aldo Ferrer.

Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, con participación de grupos que propiciaban la insurrección armada (FAP, ERP, MONTONEROS) y por movilizaciones como el Cordobazo y el Rosariazo la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora.

Durante el gobierno de este y de sus sucesores, J.D. Perón y Estela Martínez de Perón, recrudecen los hechos de violencia tanto de parte de grupos insurrectos como de grupos paramilitares (TRIPLE A) y fallecido Perón en 1974, se inicia la debacle de este breve e incompleto periodo democrático.

En marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario) autodenominada «PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL», gobernada por una Junta Militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de «presidente», con funciones ejecutivas y legislativas.

El Proceso llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y sectores de la Iglesia Católica, los partidos políticos, el empresariado y sindicalistas.

En materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa.

Tras algunos años de política conservadora que no rendía frutos reales, y el uso de procedimientos represivos del estado contra civiles que incluyeron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, hacia fines de la década del 70 el descontento de la población y la falta de apoyo fueran en aumento.

El triunfo del equipo argentino de futbol en 1978 calmó el descontento, solo temporalmente, pero la continuidad de la crisis de poder hizo que el gobierno militar decidiera retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por una población inglesa implantada en 1833.

En este marco el gobierno militar argentino decide retomar las islas, acción que ejecuta de manera exitosa pero transitoria, dejando así declarada la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido.

La derrota final infligida, terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo cual condujo a la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la UNIÓN CÍVICA RADICAL, Raúl Alfonsín, superando un generalizado sentimiento (incluso entre los propios dirigentes radicales) de que el peronismo sería un claro ganador.

Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; estando la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.

En su gobierno lo fundamental trato de ser eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.

Por otro lado  estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior (lo cual conduzco al dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia debida)

Uno de los pilares electorales del discurso de Alfonsín había sido la denuncia de un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.

Intentando debilitar a este último envío al Congreso un proyecto de ley para modificar las estructuras sindicales (Ley Mucci), esto tuvo el  efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas por la CGT. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.

Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios. En los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas generales.

Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando.

Las elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente a 32% del candidato radical, asumiendo anticipadamente la presidencia ante la inestabilidad política y económica en que se vivía.

Asumido Carlos Menem el principal problema que debió enfrentar al asumir fue el de una economía en crisis con hiperinflación, por ello se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.

Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación.

Con  Domingo Cavallo, como ministro de Economía, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso (moneda de Argentina). De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables establecimientos industriales.

Durante su gestión la Argentina fue blanco de dos ataques terroristas: el primero a la embajada de Israel, y el segundo contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

Las denuncias de corrupción sobre su gobierno no impidieron que su gestión mantuviera una imagen favorable debido al éxito en la faz económica.

Buscando su reelección entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, Raúl Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional que incluyera además del tema de la reelección otras cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos. La reforma fue aprobada por la convención en 1994 y permitió la reelección de Menem al año siguiente.

En su segundo mandato, Menem mantuvo las políticas económicas de su primera etapa de gobierno. Esta vez, sin embargo, el comienzo de una recesión en el tercer trimestre de 1998 y nuevas acusaciones de corrupción tuvieron como consecuencia un descenso en su popularidad: luego de un nuevo intento de reforma constitucional —esta vez fallido—, Menem terminó su gobierno el 10 de diciembre de 1999 traspasándole el mando al presidente electo Fernando de la Rúa.

El candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones del 24 de octubre de 1999, y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En tercer lugar, con el 10,09% de los votos, aparecía el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

El país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones.

A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año finalizó con una leve baja del 0,5% del PBI y con una desocupación del 14,7% (datos del INDEC de octubre del 2000). También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.

Además de la grave crisis económica, el sistema político aparecía jaqueado en su conjunto a partir de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez, vicepresidente y líder del Frepaso. Dicha renuncia tuvo lugar en medio de un escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el Senado para aprobar una polémica ley de reforma laboral.

La situación política en general era desfavorable. En el Senado la mayoría era del Partido Justicialista. En la Cámara de Diputados el radicalismo tenía la mayoría pero ésta era mínima. El sindicalismo realizó siete paros generales durante el gobierno delaruista, y la mayoría de las provincias argentinas tenían gobernadores propios del PJ. Tampoco disponía de un apoyo partidario claro, y varios sectores del radicalismo y el Frepaso comenzaron a distanciarse por la renuncia de Carlos Álvarez, el nombramiento de Domingo Cavallo y la política económica sostenida.

En este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron las elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por ciento en todo el país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de 4.500.000 votos respecto de lo logrado apenas dos años antes. Para el último bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un Congreso totalmente opositor. El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la democracia argentina: la combinación de voto en blanco, voto nulo y ausentismo se elevó al 41%, equivalentes a 10,2 millones de argentinos. 

La situación social motivó la generalización de grupos piqueteros a lo largo del país, una forma de manifestación que recurre al bloqueo total o parcial de rutas o calles como forma de protesta. Mientras, el justicialismo ocupaba la presidencia del Senado a través de Ramón Puerta, figurando así en la línea de sucesión presidencial.

Hacia diciembre  del 2001, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la calma. De la Rúa decretó el Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de sitio. Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil heridos. La rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo. La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos bancarios.

Se sucedieron una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas auto convocadas que reclamaban la renuncia del gobierno e impusieron el célebre “que se vayan todos”.

El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento en diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional.

Lo sucedió Ramón Puerta, luego Adolfo Rodríguez Saa, más tarde y brevemente  Eduardo Caamaño, quien llevo la transición de un par de días mientras el Congreso elegía a un nuevo presidente. Este resultó ser Eduardo Duhalde elegido a través de un amplio consenso del peronismo y la oposición para que piloteara el país, sumido en la confusión de una crisis terminal, en el ínterin preelectoral.

Duhalde empezó por reconocer que el país estaba "quebrado" y "fundido", y anunció un Gobierno de unidad nacional con la triple misión de "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”

Entre las medidas de su gobierno interino se destacan la búsqueda de la pacificación del país a través de instrumentos como el Diálogo Argentino, de distintas medidas económicas tendientes a la reactivación de una economía argentina que venía de sufrir varios años de recesión: devaluación de la moneda, que dio fin a la Ley de Convertibilidad, la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, y una serie de medidas sociales tendientes a atenuar los efectos de una economía recesiva que había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina.

Su plan económico productivista permitió que la economía argentina cambiara radicalmente, sobre todo a partir del segundo semestre del 2002. Ya en el arranque de 2003 los efectos positivos del cambio de rumbo económico impulsado por Duhalde y gestionado por Roberto Lavagna estaban haciéndose notar. La actividad económica resurgía gracias a que el peso devaluado estaba espoleando el comercio exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones de bienes, de manera que la caída registrada en 2002 del 10,9 % del PIB, dio paso a un crecimiento del 5 % en el primer trimestre de 2003.

Para las siguientes elecciones presidenciales del 2003, Duhalde decidió dar su apoyo ―junto con su bastión electoral, el conurbano de Buenos Aires (que concentra casi la mitad de los electores de todo el país) ― a Néstor Carlos Kirchner, quien resultó electo presidente.

Una vez en la presidencia (desde el 25 de mayo de 2003) y tras un período inicial de cordialidad, Kirchner se enfrentó políticamente a Duhalde, derrotándolo en su bastión de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre de 2005.

En los primeros meses de su  gobierno, buscó consolidar su jefatura dentro del peronismo y consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional.

La política económica del gobierno de Kirchner, en un principio, continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones (principalmente soja) un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10 %. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

En poco tiempo logró dominar ambas Cámara en el Congreso iniciando un proceso de ultra presidencialismo, anulando tanto las actividades del Partido Justicialista (a punto tal que lo transformó en un “sello de goma” al decir de Hugo Moyano), como la influencia de otros partidos y grupos políticos, cooptando a varios de sus dirigentes, para ello se valió de  movimientos sociales como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat; el Movimiento Evita; la Corriente Clasista y Combativa y de Libres del Sur, entre otros.

Estos movimientos piqueteros serían la “fuerza de base” con la que concertaría su liderazgo y que actuarían, además, como contrapeso al sector del Partido Justicialista que no controlaba. Los movimientos sociales adquirieron relevancia como nunca antes.

Manteniendo planes sociales vigentes, construcción viviendas en barrios pobres, desprocesamiento de militantes enjuiciados, juicio a los responsables por la muerte de una decena de dirigentes sociales desde 2001, modificando las normas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que estas organizaciones pudieran ser contratadas por el Estado para la Obra pública y la construcción de viviendas sociales y la restitución de 25 mil planes de asistencia social recortados, con el compromiso de cambiarlos por otros instrumentos de política social, el kirchnerismo fue acrecentando su poder hundiendo prácticamente en el ostracismo político a sus opositores.

Las manifestaciones callejeras no fueron reprimidas, pero asimismo debieron cambiar sus métodos y sus objetivos: de ser abiertamente en protesta pasaron a ser en apoyo a las políticas transformadoras que se comenzaban a llevar a cabo, con estas medidas prestaron su apoyo otros grupos sociales: Federación Tierra y Vivienda; el Frente Transversal, Barrios de Pie, resultando casi el único movimiento piquetero que continúo en la oposición el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Las políticas referidas a la Corte Suprema, los DDHH y las medidas económicas le permitieron obtener la primera minoría en el 2005, pese a lo cual legisló preferentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia.

La intervención en el INDEC permitió una política de manipulación de los índices de precios que fue resistida por toda la oposición y los empleados del organismo.

El período 2003-2007 ha sido una etapa de gran avance de la economía argentina, registrando tasas de crecimiento promedio del orden del 9 % anual. El desempeño productivo estuvo motorizado por la persistente mejora que presentaron el gasto doméstico privado (consumo e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la generación de mano de obra fue otra característica saliente del período 2003-2007; ello se evidenció en una tasa de desocupación que fue descendiendo sin interrupciones con reducciones importantes, alcanzando niveles de un dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable ha tenido un rol fundamental en la caída de la tasa de desempleo, debido a una mayor incorporación de mano de obra en la producción.

El oficialismo se arrogó estas mejoras auto celebrando su “gestión”, la oposición adjudicó gran parte de ella al “viento de cola” que significaba el ingreso extraordinario por exportación de commodities, en especial soja.

Comenzaron a instalarse en la opinión pública y en los tribunales denuncias por corrupción: utilización de los aviones Tango 02 y Tango 10 ―perteneciente a la flota presidencial― para uso no oficial, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz, etc., la revista The Economist trató a Kirchner de «populista», que el presidente argentino compartía con una serie de figuras como el nacionalista peruano Ollanta Humala, el demócrata socialista mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Venezuela Hugo Chávez,  Wall Street Journal criticó a la Bolsa de Nueva York por elegir a Kirchner para «campanero», acusándolo de "Señor antimercado", Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, lo acusó de tener un estilo personalista, de gobernar con dosis de autoritarismo y hegemonía, un estilo agresivo de ruptura inducida y confrontación.

Pese a estas críticas y a un cierto malestar social todavía incipiente, en lugar de postular su reelección entronizó a su esposa Cristina Elizabeth Fernández como candidata del FRENTE PARA LA VICTORIA, en el que subsumió definitivamente al Partido Justicialista.

Consagrada ganadora en primera vuelta (llevando como vicepresidente al radical Julio C. Cobos) con el 45,29 % de los votos positivos ―con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983―, en una elección donde la abstención fue la mayor desde las elecciones de 1922, sucedió el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha.

Posteriormente, y ya fallecido su marido, se presenta a su reelección en 2011, con el apoyo manifiesto de diversos sectores, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), el secretariado general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y el de Camioneros, el secretario general de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Central de Movimientos Populares (CMP), así como también el de varios gobernadores, legisladores, funcionarios, las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Se dio inicio a una política de re estatización de empresas (Aerolíneas Argentinas, Austral, Fábrica Argentina de Aviones, el sistema previsional, YPF), continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner, modificó la legislación en temas relacionados a los derechos personalísimos, modificó la legislación sobre matrimonio permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar, el derecho a elegir la propia identidad siendo esta una «vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, creó la Asignación Universal por Hijo, (una idea original de la diputada Elisa Carrió), creó el programa «Fútbol para todos», la estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional,  se impulsó la construcción de viviendas sociales, se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.

En materia laboral se profundizó la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del trabajo.

En el 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de materias primas de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, se anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.

La Resolución 125 fue rechazada por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, declararon un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendió durante 129 días. En lo político el «campo» ―como lo definieron varios medios de comunicación― era un conjunto heterogéneo con sectores históricamente enfrentados, como la Federación Agraria Argentina (que representa a los pequeños y medianos productores) y la Sociedad Rural Argentina (que representa a los terratenientes o las clases altas porteñas).

Asimismo la disputa incluyó sectores políticos relegados durante las elecciones de 2007.

El conflicto se agravó, cuando las patronales agro ganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, y la presidenta Cristina Kirchner declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.

En junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, al día siguiente la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

Esta derrota significó un duró traspié para el oficialismo del cual no se recuperó hasta la fecha. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era “un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro”.

El voto de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

A esta crisis le sucedieron otras como la del Banco Central a consecuencia del Fondo del Bicentenario, el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país, (que según la oposición no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con mejorar las cuentas fiscales), el reparto a las provincias de los fondos coparticipables, existiendo provincias, que realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando reparación, ante lo que consideran avasallamiento de sus derechos constitucionales por parte del gobierno nacional, controversias debido al uso de fondos para solventar el programa Fútbol para Todos, la modificación de la Ley Antiterrorista Argentina, la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la disputa con el grupo Clarín, las leyes conocidas en su conjunto como Democratización de la Justicia, el conflicto con los acreedores externos (y su consecuencia, el fallo del Juez Griesa), la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, nueva Ley de Abastecimiento, la sanción del nuevo Código Civil, el proyecto (próximo a ser ley) del Código de Procedimientos en materia Penal, todo ello dio lugar, primero a manifestaciones populares denominada “cacerolazos”, con masivas movilizaciones, si bien las consignas y reclamos de los manifestantes fueron muy heterogéneas y en algunas ocasiones contradictorios entre sí, y luego a fuertes rechazos sociales y políticos, no escuchados ni atendidos por el oficialismo.

La oposición en su conjunto, los medios de comunicación críticos, un sector importante del sindicalismo y en estos días, dirigentes empresarios se destacan por considerar el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández, como autoritario, divisionista, provocador, intolerante, avasallador, y fundamentalmente envuelto en lo que se denomina “el relato” que tergiversa la realidad.

Frente a este oficialismo, hoy se alzan como alternativas: la posibilidad de continuidad (con más o menos cambios) del mismo en figuras como el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el de Entre Ríos, el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior y Transporte, un Senador nacional del FPV, el Presidente de la Cámara de Diputados, el candidato del Movimiento Evita; un kirchnerismo reciclado en renovador; y un sector opositor fraccionado entre el Pro y UNEN.

CONCLUSIONES:

Este breve pantallazo histórico tipo Wikipedia solo pretende demostrar que la realidad de “las dos veredas”, ha sido una constante histórica en la política de nuestro país: realistas/emancipadores, moderados/jacobinos, unitarios/federales, autonomistas/nacionales, conservadores/anti conservadores, radicales/anti radicales, personalistas/antipersonalistas, civiles/militares, peronistas/antiperonistas, menemistas/anti menemistas,  kirchneristas/antiK, cristinistas/anticristinistas, han transitado y transitan la realidad de nuestras dirigencias.

En ocasiones, ambos componentes de la dicotomía son acompañados por un grupo más o menos importante del conjunto social, luego son dejados de lado con el cambio de preferencias.

Pocos han subsistido a la pérdida del Gobierno, siendo tal vez la única excepción el peronismo, que, tras 18 años de proscripción y exilio pudo volver a la Casa Rosada.

En todos los gobiernos podemos encontrar aciertos y en todos encontrar errores, algunos perdonables y otros no, pero lo que no encontramos en ninguno es un deseo una voluntad de “trabajar junto y con el otro”  en pos de algo que vaya más allá del mero período presidencial.

Las propuestas políticas han sido y son, personalistas (en el sentido de que resultan excluyentes del resto de los actores del conjunto social), no ha habido, ni hay, una sola proposición que integre al conjunto y ofrezca como plataforma la labor mancomunada en base a puntos estratégicos mínimos que nos permitan perfilar un futuro de país.

Los ofrecimientos pre electorales hoy en danza y los nombres que los encarnan siguen presentando más antinomias inmediatistas: continuidad oficialista o derrota oficialista, lo cual responde a lo urgente, pero no a lo importante.

La carencia de un COMPROMISO DE GARANTÍAS NACIONALES DEMOCRATICAS Y REPUBLICANAS, bajo el nombre  con el que quiera designárselo, pone blanco sobre negro respecto a las falencias de las clases dirigentes.

Resulta difícil creer que podremos alguna vez superar nuestra cíclicas crisis políticas, económicas y sociales, si no nos proponemos alguna vez pensar en realizar una NACION con mayúsculas, no limitada a un cuatreño que contenga la posibilidad de una reelección, sino pensada para el mediano y largo plazo, con el compromiso de todos los actores sociales de impulsar, realizar, concretar puntos mínimos de acuerdo que nos cobijen a todos.