Desde algún tiempo antes del amanecer de nuestra patria, (y sin hacer mención a los conflictos entre pobladores originales y colonizadores), las elites residentes
locales circulaban por dos veredas en cuanto a su relación con la Metrópoli y a
su devenir inmediato: o continuar acatando su primacía o bien independizarse de
la misma.
O
sea que, en el conjunto social primaban dos ideas ejes sobre el futuro de la
por entonces colonia, y ello en base a un principio común: la soberanía residía
en el pueblo, pero para algunos esta soberanía era delegada a la Corona y así
tenía que continuar siendo, en tantos para otros este poder debía
independizarse de la realeza peninsular.
Ocurridos
los acontecimientos de mayo de 1810, surge el enfrentamiento entre los
moderados (con Saavedra a la cabeza) intentando apoyarse en los sectores más
populares, y los radicales o jacobinos (entre quienes se encontraban Moreno, Castelli y
Artigas entre otros) que se sustentaban en los intelectuales miembros de la
elite ilustrada, en torno a reuniones en clubes o sociedades (el Café de Marco,
o la Sociedad Patriótica) asumiendo que representaban esas ideas
respectivamente.
Instalado
ya el gobierno patrio y en su camino a la declaración de la independencia en
1816, estas primigenias ideas comienzan a ser influidas y desplazada por otras
dos, que igualmente despertaran ardores: la de la preeminencia de Buenos Aires
sobre el resto del país (proto unitarismo) y la de la igualdad de todas las
comunidades del territorio (proto federalismo). Ello llevó a que estallaran
guerras civiles en un intento general a crear gobiernos con ejecutivos fuertes
y que ejercieran un control centralizado sobre la administración provincial.
Inútil
resulta destacar que en estas ideas influían, y quizás mucho más que razones
políticas, intereses económicos, sociales, de corporaciones e institucionales.
Algunos,
en especial los que habían seguido estudios universitarios, miraban las
diferentes formas constitucionales europeas
como el medio de conseguir la estabilidad. Otros, la mayor parte de los cuales se
encontraban entre los militares y los menos cultivados, preferían prescindir de
tales cursilerías constitucionales y defendían el uso de la fuerza, sino del
terror, como medio de mantener el orden.
El deseo, aparecido después de 1815, de
establecer un Estado Constitucional más fuerte, se observa, por ejemplo, en el
intento de establecer monarquías constitucionales con príncipes europeos, que
por resistido, terminó no siendo aceptado.
La
autoridad, que lejos de surgir del seno del pueblo se encarnaba en personas
concretas, estuvo en manos de líderes fuertes que tendían a ponerse por encima
de las leyes y las constituciones. Estos
líderes por lo general eran y son considerados caudillos, es decir, hombres
cuya fuerza personal les permitía obtener la lealtad de un importante número de
seguidores a los cuales movilizaban para enfrentarse a la autoridad constituida
o para hacerse con el poder por medio de la violencia o la amenazas de
violencia, y que no siempre actuaban de consuno, cuando no, se enfrentaban por
cuestiones circunstanciales de poder.
Hasta
Caseros, aproximadamente, la mayoría de los hombres considerados caudillos eran
individuos que antes de empezar su carrera política tenían algún logro militar,
ya fuera como soldados de la independencia o como jefes de la milicia
provincial, como fue el caso de Juan Manuel de Rosas, empero, ningún caudillo fue
capaz de dominar la situación y se produjo una serie interminable de guerras
civiles o golpes de Estado para decidir quién gobernaría.
Después
de Caseros, cuando los generales de la independencia fueron desapareciendo de
escena, su papel de líderes militares en las luchas políticas internas fue
asumido en parte por hombres que habían empezado su carrera política como
civiles, esto es, abogados, periodistas, comerciantes y propietarios y que
fueron empujados al liderazgo debido a
la violencia política de aquél entonces.
La
mayoría de ellos provenían de la clase alta criolla, que fue la que más se
benefició de la independencia de América Latina. A fines del periodo colonial la mayoría de
sus miembros poseían tierras, algunos habían entrado en el cuerpo eclesiástico
y unos pocos estaban inmersos en el comercio internacional a gran escala.
Los
gobiernos nacionales eran débiles y su control sobre las provincias era, en el
mejor de los casos, incompleto. Por ello
las élites urbanas nacionales dirigían un aparato cuyas decisiones a menudo
podían frustrarse a nivel provincial por los propietarios y comerciantes
locales importantes. Y desde luego, muchas cuestiones de importancia local
fueron planteadas por las élites provinciales sin que el gobierno nacional interviniera
de forma significativa.
En
este sentido se puede decir que el poder estaba ruralizado.
Influenciados
por el borbonismo, la implantación del individualismo liberal inglés y francés
en las instituciones, la creación de una sociedad liberal individualista
significaba en términos políticos, establecer la igualdad jurídica y la
supremacía del estado secular. También
implicaba garantizar la libertad del pensamiento. Todos estos objetivos, la supremacía del
estado, la igualdad ante la ley y la libertad del pensamiento, exigían liquidar
las organizaciones corporativas que habían dominado la sociedad colonial, sobre
todo la iglesia y el ejército.
En
términos económicos, una sociedad liberal significa el establecimiento de un
mercado libre. Había que abolir los
privilegios monopolizadores creados durante el periodo colonial, y liquidar las
propiedades de la iglesia. Esta tendencia a un disenso en materia económica
entre los grupos políticos, se hizo aún más fuerte después de 1853, cuando la
región se incorporó más estrechamente al sistema comercial atlántico.
Estos
intentos de reforma liberal dividieron a la élite cuando se refirieron al poder
y los privilegios de la iglesia. Los conservadores pusieron a la iglesia en el
centro de la discusión política al mismo grado que los liberales, que querían
reducir el poder y los privilegios eclesiásticos.
Pese
lo dicho ni en el territorio nacional ni en ningún país de América latina,
antes de la década de 1850, hubo organizaciones políticas que movilizaran a las
masas.
Las
facciones o partidos se formaban principalmente para lograr el control del
gobierno y los cargos que ponía a su disposición. Los individuos se adherían a los líderes o
grupos políticos que con más probabilidad les iba a recompensar. Esto implicaba vincularse a líderes o grupos
con quienes compartían un origen regional u otro tipo de conexión
personal. Hay cierta razón en contemplar
la política de este periodo, de esta manera, porque hay muchos grupos políticos que parecen tener
como eje de su existencia este tipo de vinculación personal, más que una
consistencia ideológica, ser conservador implicaba ocupar una ubicación
central; los liberales solían ocupar una ubicación social más periférica.
Ante
el resultado de la Batalla de Caseros, esta división entre federales y
unitarios (ambos con caracteres conservadores y liberales en su conformación)
tuvo una convulsión; se reagrupan las fuerzas políticas y las del pensamiento.
Con el vencedor entraron en Buenos Aires, los dirigentes que nutrían su mente
con teorías económico-políticas europeas, tomaron las riendas del poder y
civilizaron el país encauzándolo por la senda del progreso, si bien en un
principio lo hicieron a costa de bastante sangre de rosistas y sus adláteres.
Los más entusiastas rosistas de otrora resultan los más enconados detractores
de Rosas
La
Provincia de Buenos Aires se segregó, y sancionó su propia Constitución,
después de Pavón hubo unos años de respiro, turbados en parte por la guerra del
Paraguay. Luego se impuso una batalla a muerte a quien se opusiese a la
europeización del país: guerra a muerte a la barbarie, al gaucho, paso a la
civilización según como era entendida.
Nuevamente
las dos veredas y en el medio, el conjunto de la población que padecía sin
participar.
Imposibilitada
de subsistir la Confederación sin la incorporación de Buenos Aires, la política
se centraliza en torno a este eje.
Las
causas de la disolución fueron variadas, en el ámbito económico el naciente
estado necesitaba recursos fiscales para mantenerse y la principal fuente de
esos recursos era la aduana de Buenos Aires. La Confederación no sólo había
eliminado las aduanas interiores sino que también había nacionalizado las
aduanas exteriores y en particular la de Buenos Aires que con esto perdía su
principal fuente de poder financiero.
Otro
problema que enfrentó a las provincias fue el proteccionismo o el libre cambio
que debía contener la política aduanera. Mientras Buenos Aires coincidentemente
con las provincias del Litoral (fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos) eran
partidarios del libre cambio que beneficiaba sus exportaciones, las restantes
provincias defendían a ultranza el proteccionismo porque los precios de las
mercaderías importadas competían de manera desleal con los de la producción
local.
Las
actitudes porteñas no contribuían en nada a un acercamiento con el gobierno de
la Confederación. Tampoco ayudaban demasiado algunos gestos provenientes del
otro lado.
Sin
dar solución al problema político, se pactó un armisticio entre los Estados
beligerantes sobre la base del statu quo, el compromiso de retirar sus fuerzas
del lugar que ocupaban y de "conservar sus relaciones de comercio en el
estado que tenían antes de ella, sin que ni uno ni otro impongan nuevas cargas
que no fuesen impuestas a todo el comercio extranjero o que no existieran a
esta fecha, respecto del comercio interno de uno y otro pueblo"
.
Si bien la unión proyectada por Urquiza -es decir, la incorporación de Buenos
Aires al resto de la Confederación Argentina- no se había conseguido, se obtenía
una entente política.
Este tratado, aunque no evitaba el cisma
político, impedía momentáneamente la lucha en el plano económico al reconocer
la unidad del sistema mercantil, y mantuvo oficialmente la amistad entre ambos
gobiernos por algo más de un año.
Por
él, ambos Estados se comprometieron a colaborar en la lucha contra los
indígenas y aceptaron el principio de que la separación de Buenos Aires no
alteraba las leyes de la Confederación; acordaron el uso de la misma bandera
para los buques matriculados en la Confederación y en el Estado de Buenos
Aires; y autorizaron la circulación libre de productos en ambas jurisdicciones,
aclarando que las mercaderías extranjeras salidas de los puertos del Estado de
Buenos Aires para la Confederación o viceversa no pagarían otros ni mayores
derechos que los impuestos a los productos provenientes de otros mercados.
Decidida
la intervención de Buenos Aires por Urquiza, esta es resistida y finalmente
Adolfo Alsina, es elegido gobernador de Buenos Aires bajo la bandera de la
separación de la Confederación Argentina.
Esta
vez las dos veredas, tendrían su alcance a todo el territorio nacional.
La
unificación fue posible en forma violenta, después de dos batallas: la de
Cepeda, librada el 23 de octubre de 1859, afirmando el triunfo de la
Confederación sobre Buenos Aires y acordándose el Pacto de San José de Flores
(1859), por el cual Buenos Aires se incorporaría a la Confederación y ésta
reformaría la Constitución de 1853 según las disposiciones de aquélla; y la
batalla de Pavón (1861), que coronó el triunfo de Buenos Aires al mando del
general Bartolomé Mitre, disolviéndose el gobierno confederal de Paraná.
Obviamente
el país se unió políticamente, pero no pacíficamente.
A
partir de ese momento tomo preeminencia y la conducción del Estado el PARTIDO
AUTONOMISTA NACIONAL, fruto de la unión de los partidos políticos bonaerenses
Autonomista y Nacional y se mantuvo en el gobierno hasta 1910.
El
período estuvo signado por el control político de los gobiernos provinciales y
nacionales por un conglomerado político de ideología liberal, aunque
gradualmente devenida conservadora.
El
Partido Autonomista tenía el control completo del gobierno nacional, y
controlaba casi por completo a los provinciales. La característica dominante de
la acción política del período fue el control de las elecciones por el grupo
dominante a través del fraude electoral, el clientelismo y los acuerdos de
cúpulas políticas.
Todo
ello generaba oposiciones y hechos violentos (Revolución del Parque) con lo que
se intentaba resistir al conservadurismo.
La
figura política más relevante del período fue el general Julio Argentino Roca,
hasta que en 1910, en que, los de la UNIÓN NACIONAL, logran imponer a Saenz
Peña, quien, mediante la sanción de la
ley General de Elecciones, permite que el principal partido opositor, la
UNIÓN CÍVICA RADICAL, gane las elecciones de 1916, llevando Irigoyen a la
Presidencia.
El
PAN, autodenominados conservadores, se disuelve a nivel nacional, subsistiendo
como PARTIDO DEMÓCRATA o AUTONOMISTA en varias provincias, constituyéndose en
la principal fuerza opositora.
El
gobierno radical resolvió el problema del equilibrio regional en Argentina,
pero y como consecuencia de ello, al mismo tiempo llevaron a un primer plano
los desequilibrios sociales, para los cuales el radicalismo carecía de
soluciones de fondo, al ignorar sistemáticamente las diferencias sociales
existentes.
Se
impulsó una serie de políticas de nuevo tipo que, en conjunto señalaban una
tendencia nacionalista transformadora, entre las que se destacaron la creación
de la empresa petrolera estatal YPF, las nuevas leyes rurales, el
fortalecimiento de la red pública de ferrocarriles, la Reforma Universitaria y
una política exterior fuertemente autónoma de las grandes potencias, pero al
mismo tiempo sucedieron las grandes masacres obreras de la Semana Trágica y los
fusilamientos de la Patagonia, con miles de trabajadores asesinados.
Constituida
la UCR como partido de gobierno, en el cual se aglutinaron ciudadanos a partir
de una misma visión de lo que no funcionaba y de los cambios que debían
producirse para llegar a un régimen político democrático, con el devenir del
tiempo va sufriendo distintas rupturas, tanto a nivel nacional como provincial
y surgen nuevos partidos populares que van adquiriendo protagonismo a partir
del voto secreto: el PARTIDO SOCIALISTA y el PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA.
Pero
fundamentalmente las dos veredas se centran en los irigoyenistas
(personalistas) y los anti yrigoyenistas (antipersonalistas) logrando estos
últimos unificar a casi toda la oposición hacia 1927.
La
crisis del año 30 y determinadas actitudes políticas (intervenciones
provinciales) minan la popularidad del segundo gobierno Yrigoyenista y dan paso
a la Revolución del año 30.
Sin
desconocer los intentos golpistas y/o revolucionarios ocurridos en 1874 (Mitre
contra Avellaneda), 1890 (UCR contra Juárez Celman), 1905 (Radicales
Yrigoyenistas contra Quintana), se puede decir que la revolución del 30 encabezada
por Uriburu (la Suprema Corte de Justicia establece el concepto de gobiernos de facto) es el primer triunfo desestabilizador de la democracia y que
dará paso a una larga serie de ellos hasta 1976.
En
1930 se pretendió establecer una estructura estatal represiva ilegal, creando
una "sección especial" de la policía para utilizar sistemáticamente
la tortura contra los opositores, pero al no poder instaurar el régimen
político ante la falta de apoyo político, Uriburu llamó a elecciones
proscribiendo la participación en ellas del radicalismo.
La
reinstauración democrática fue falaz, restringida y controlada por las Fuerzas
Armadas y sectores conservadores de la sociedad, dando origen a una serie de
gobiernos fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la Década Infame.
En
1943 se produce el único golpe de Estado en Argentina que fue pura y
exclusivamente militar, sin apoyo civil, que acabó con todo un sistema de
gobierno conservador y fraudulento.
La
guerra mundial, las luchas internas y la alianza de un sector de los militares
encabezados por Perón con los sindicatos y fuerzas laborales que culminaron en
la conformación de una corriente
laborista-nacionalista, permitió que en la convocatoria a elecciones de 1946
triunfara el peronismo.
Ello
dio lugar a que, entre 1946 y 1955 el período se caracterizó por una extrema polarización
de las clases sociales, y llevó también a la conformación de un gran bloque
social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores
medios y altos, enfrentado a los sectores medios bajos y bajos cobijados por el
peronismo.
Este
enfrentamiento, que se prolongaría de manera vehemente hasta 1974, tuvo su
punto culminante en 1955, cuando se produce la llamada REVOLUCION LIBERTADORA.
A
partir de allí se invierten los papeles, de oficialista el peronismo pasa a ser
opositor (en ocasiones con violencia), y los antiperonistas de opositores pasan
a ser oficialistas.
La
REVOLUCIÓN LIBERTADORA fue una dictadura militar de tipo transitoria, aunque no
por ello exenta de violencia, contó con una Junta Consultiva Nacional integrada
por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido
Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido
Demócrata Progresista, que pronto se dividió en dos sectores: un sector
nacionalista-católico liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el
gobierno al comienzo, y un grupo liberal-conservador liderado por el general
Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó
predominando y dando un golpe palaciego, por el cual Lonardi fue reemplazado
por Aramburu como presidente.
Impuso
la proscripción del Partido Peronista, la persecución de sus simpatizantes y la
intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la
historia argentina (hasta entonces), fusiló a opositores, en algunos casos en
forma pública y en otros clandestinamente.
En
1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por
las Fuerzas Armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), un sector de la fracturada Unión
Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto
electoral y político con Perón con el fin obtener el apoyo del decisivo voto
peronista a su candidatura.
Frondizi
soportó durante su gobierno reiterados planteos e insurrecciones militares,
mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al ministro de Economía
(Álvaro Alsogaray) y terminaron en el golpe de 1962, liderado por los
comandantes en Jefe del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza
Aérea Argentina respectivamente.
El
hecho que precipitó el golpe fue la amplia victoria del peronismo en las
elecciones realizadas once días antes, en diez de las catorce provincias
existentes en aquel momento, incluyendo la estratégica Provincia de Buenos
Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés Framini.
El
peronismo había sido proscrito por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi
volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan
Perón de presentarse como candidato y volver al país. Frondizi inmediatamente
intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, pero el golpe
era imparable.
Este
se produce en 1962 a consecuencia de lo cual asume José María Guido, un senador
radical intransigente que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores,
debido a la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez. Teniendo en cuenta
esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, liderada por Julio Oyhanarte,
sostuvo que el derrocamiento de Frondizi era un caso de acefalía y convenció a
Guido de asumir la presidencia por encontrarse en la línea sucesoria, algo que
éste hizo jurando ante la Corte Suprema.
Los
militares golpistas terminaron aceptaron la situación y convocaron a Guido a la
Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido como presidente, en tanto y
en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas
indicadas por las Fuerzas Armadas, siendo la primera de ellas anular las
elecciones ganadas por el peronismo.
Efectivamente
Guido cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el
Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y
designó un equipo económico de derecha.
En
1963 se volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del
peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (UNION CIVICA
RADICAL DEL PUEBLO), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas
utilizaron como forma de protesta.
En
junio de 1966 se produce un golpe de estado que dio origen a una dictadura
autodenominada Revolución Argentina, que ya no se presentó a sí misma como
«gobierno provisional», como en todos los golpes anteriores, sino que se
estableció como un sistema de tipo permanente.
Este
tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios
países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia,
Paraguay, etc.)
La
Revolución Argentina dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel jurídico
superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo
que también la distinguió de las dictaduras anteriores.
En
general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista,
apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos.
La
alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina
y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes
internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos
Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse
(1971-1973).
En
un principio predominaron en su influencia sectores civiles
conservadores-liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Vasena,
quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora, luego durante la
dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista-desarrollista de las
Fuerzas Armadas, que nombró Ministro de Economía al Aldo Ferrer.
Acosada
por una insurrección popular creciente y generalizada, con participación de
grupos que propiciaban la insurrección armada (FAP, ERP, MONTONEROS) y por
movilizaciones como el Cordobazo y el Rosariazo la dictadura organizó una
salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la
candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato
peronista Héctor J. Cámpora.
Durante
el gobierno de este y de sus sucesores, J.D. Perón y Estela Martínez de Perón,
recrudecen los hechos de violencia tanto de parte de grupos insurrectos como de
grupos paramilitares (TRIPLE A) y fallecido Perón en 1974, se inicia la debacle
de este breve e incompleto periodo democrático.
En
marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María
Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado
burocrático autoritario) autodenominada «PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL»,
gobernada por una Junta Militar integrada por tres militares, uno por cada
fuerza. A su vez la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de
«presidente», con funciones ejecutivas y legislativas.
El
Proceso llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado
que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas
de miles de personas. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación
de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos
(salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países
europeos, la Unión Soviética y sectores de la Iglesia Católica, los partidos
políticos, el empresariado y sindicalistas.
En
materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos
a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política
económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión
de una deuda externa.
Tras
algunos años de política conservadora que no rendía frutos reales, y el uso de
procedimientos represivos del estado contra civiles que incluyeron todo tipo de
violaciones a los derechos humanos, hacia fines de la década del 70 el
descontento de la población y la falta de apoyo fueran en aumento.
El
triunfo del equipo argentino de futbol en 1978 calmó el descontento, solo
temporalmente, pero la continuidad de la crisis de poder hizo que el gobierno
militar decidiera retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las
Islas Malvinas, ocupadas por una población inglesa implantada en 1833.
En
este marco el gobierno militar argentino decide retomar las islas, acción que
ejecuta de manera exitosa pero transitoria, dejando así declarada la Guerra de
las Malvinas contra el Reino Unido.
La
derrota final infligida, terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo
cual condujo a la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta
junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el
candidato de la UNIÓN CÍVICA RADICAL, Raúl Alfonsín, superando un generalizado
sentimiento (incluso entre los propios dirigentes radicales) de que el peronismo
sería un claro ganador.
Su
gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la
democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y
la relación con las Fuerzas Armadas; estando la obra general de gobierno
condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
En
su gobierno lo fundamental trato de ser eliminar el autoritarismo y encontrar
los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a
la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de
participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un
programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la
censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la
universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio
ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o
funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió
la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Por
otro lado estuvo permanentemente
amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el
enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen
militar anterior (lo cual conduzco al dictado de las leyes de Punto Final y
Obediencia debida)
Uno
de los pilares electorales del discurso de Alfonsín había sido la denuncia de
un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a
identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en
el peronismo.
Intentando
debilitar a este último envío al Congreso un proyecto de ley para modificar las
estructuras sindicales (Ley Mucci), esto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los
sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno
radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas
por la CGT. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la
CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que
utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno
radical.
Por
su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos
de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder
de fijar los salarios. En los seis años del gobierno radical se realizaron casi
4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas
generales.
Alfonsín
debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones
electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar
considerablemente la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo,
casi siete meses antes de la entrega del mando.
Las
elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima
de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47% de los
votos, frente a 32% del candidato radical, asumiendo anticipadamente la
presidencia ante la inestabilidad política y económica en que se vivía.
Asumido
Carlos Menem el principal problema que debió enfrentar al asumir fue el de una
economía en crisis con hiperinflación, por ello se plegó a los principios del
Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales:
con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar
varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente.
Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica
Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se
privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que
instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez
condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y
casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales
televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes
ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.
Se
desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de
importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de
impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación
fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las
privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de
1989 se produjo una segunda hiperinflación.
Con Domingo Cavallo, como ministro de Economía,
se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta
la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de
la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus
reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía
a un peso (moneda de Argentina). De esta forma se restringía la emisión de
billetes como medio de financiamiento del Estado.
Estas
medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que
ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de
capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese
aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que
el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La
estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la
capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables
establecimientos industriales.
Durante
su gestión la Argentina fue blanco de dos ataques terroristas: el primero a la
embajada de Israel, y el segundo contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita
Argentina).
Las
denuncias de corrupción sobre su gobierno no impidieron que su gestión
mantuviera una imagen favorable debido al éxito en la faz económica.
Buscando
su reelección entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, Raúl
Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la
Constitución Nacional que incluyera además del tema de la reelección otras
cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por
la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la
incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre
otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos. La reforma fue
aprobada por la convención en 1994 y permitió la reelección de Menem al año siguiente.
En
su segundo mandato, Menem mantuvo las políticas económicas de su primera etapa
de gobierno. Esta vez, sin embargo, el comienzo de una recesión en el tercer
trimestre de 1998 y nuevas acusaciones de corrupción tuvieron como consecuencia
un descenso en su popularidad: luego de un nuevo intento de reforma
constitucional —esta vez fallido—, Menem terminó su gobierno el 10 de diciembre
de 1999 traspasándole el mando al presidente electo Fernando de la Rúa.
El
candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones del 24 de
octubre de 1999, y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de
Diputados. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los
sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega.
En tercer lugar, con el 10,09% de los votos, aparecía el ex ministro de
Economía Domingo Cavallo.
El
país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia
política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un
elevado déficit fiscal, con un rojo de más de mil millones de pesos, una deuda
externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25
mil millones.
A
lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las
tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El
año finalizó con una leve baja del 0,5% del PBI y con una desocupación del
14,7% (datos del INDEC de octubre del 2000). También se mantuvieron las
reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares,
mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.
Además
de la grave crisis económica, el sistema político aparecía jaqueado en su
conjunto a partir de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez,
vicepresidente y líder del Frepaso. Dicha renuncia tuvo lugar en medio de un
escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el Senado para aprobar una
polémica ley de reforma laboral.
La
situación política en general era desfavorable. En el Senado la mayoría era del
Partido Justicialista. En la Cámara de Diputados el radicalismo tenía la
mayoría pero ésta era mínima. El sindicalismo realizó siete paros generales
durante el gobierno delaruista, y la mayoría de las provincias argentinas tenían
gobernadores propios del PJ. Tampoco disponía de un apoyo partidario claro, y
varios sectores del radicalismo y el Frepaso comenzaron a distanciarse por la
renuncia de Carlos Álvarez, el nombramiento de Domingo Cavallo y la política
económica sostenida.
En
este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron las
elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por
ciento en todo el país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de
4.500.000 votos respecto de lo logrado apenas dos años antes. Para el último
bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un Congreso totalmente
opositor. El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la
democracia argentina: la combinación de voto en blanco, voto nulo y ausentismo
se elevó al 41%, equivalentes a 10,2 millones de argentinos.
La
situación social motivó la generalización de grupos piqueteros a lo largo del
país, una forma de manifestación que recurre al bloqueo total o parcial de
rutas o calles como forma de protesta. Mientras, el justicialismo ocupaba la
presidencia del Senado a través de Ramón Puerta, figurando así en la línea de
sucesión presidencial.
Hacia
diciembre del 2001, la situación social
se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes
del país. El Presidente llamó a la población a la calma. De la Rúa decretó el
Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e
incluso aumentó a pesar del estado de sitio. Finalmente se produjeron 27
muertos y más de dos mil heridos. La rebelión popular, en lugar de terminar,
sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo.
La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos bancarios.
Se
sucedieron una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de
diversos tipos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles
de personas auto convocadas que reclamaban la renuncia del gobierno e
impusieron el célebre “que se vayan todos”.
El
Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio
partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún
le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad,
sumándose al gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar
su renuncia al Parlamento en diciembre de 2001, cuando no había completado sino
apenas la mitad de su mandato constitucional.
Lo
sucedió Ramón Puerta, luego Adolfo Rodríguez Saa, más tarde y brevemente Eduardo Caamaño, quien llevo la transición de
un par de días mientras el Congreso elegía a un nuevo presidente. Este resultó
ser Eduardo Duhalde elegido a través de un amplio consenso del peronismo y la
oposición para que piloteara el país, sumido en la confusión de una crisis
terminal, en el ínterin preelectoral.
Duhalde
empezó por reconocer que el país estaba "quebrado" y
"fundido", y anunció un Gobierno de unidad nacional con la triple
misión de "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar
la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”
Entre
las medidas de su gobierno interino se destacan la búsqueda de la pacificación
del país a través de instrumentos como el Diálogo Argentino, de distintas
medidas económicas tendientes a la reactivación de una economía argentina que
venía de sufrir varios años de recesión: devaluación de la moneda, que dio fin
a la Ley de Convertibilidad, la pesificación forzada de los depósitos bancarios
en moneda extranjera, y una serie de medidas sociales tendientes a atenuar los
efectos de una economía recesiva que había incrementado la pobreza e indigencia
hasta índices nunca vistos antes en la Argentina.
Su
plan económico productivista permitió que la economía argentina cambiara radicalmente,
sobre todo a partir del segundo semestre del 2002. Ya en el arranque de 2003
los efectos positivos del cambio de rumbo económico impulsado por Duhalde y
gestionado por Roberto Lavagna estaban haciéndose notar. La actividad económica
resurgía gracias a que el peso devaluado estaba espoleando el comercio
exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones
de bienes, de manera que la caída registrada en 2002 del 10,9 % del PIB, dio
paso a un crecimiento del 5 % en el primer trimestre de 2003.
Para
las siguientes elecciones presidenciales del 2003, Duhalde decidió dar su apoyo
―junto con su bastión electoral, el conurbano de Buenos Aires (que concentra
casi la mitad de los electores de todo el país) ― a Néstor Carlos Kirchner,
quien resultó electo presidente.
Una
vez en la presidencia (desde el 25 de mayo de 2003) y tras un período inicial
de cordialidad, Kirchner se enfrentó políticamente a Duhalde, derrotándolo en
su bastión de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de
octubre de 2005.
En
los primeros meses de su gobierno, buscó
consolidar su jefatura dentro del peronismo y consenso con los partidos
políticos opositores a nivel nacional.
La
política económica del gobierno de Kirchner, en un principio, continuó los
lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde,
manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del
Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones
(principalmente soja) un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10
%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la
cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de
valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación
y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo
disminuyeron notoriamente.
En
poco tiempo logró dominar ambas Cámara en el Congreso iniciando un proceso de
ultra presidencialismo, anulando tanto las actividades del Partido
Justicialista (a punto tal que lo transformó en un “sello de goma” al decir de
Hugo Moyano), como la influencia de otros partidos y grupos políticos,
cooptando a varios de sus dirigentes, para ello se valió de movimientos sociales como la Federación de
Tierra, Vivienda y Hábitat; el Movimiento Evita; la Corriente Clasista y
Combativa y de Libres del Sur, entre otros.
Estos
movimientos piqueteros serían la “fuerza de base” con la que concertaría su
liderazgo y que actuarían, además, como contrapeso al sector del Partido
Justicialista que no controlaba. Los movimientos sociales adquirieron
relevancia como nunca antes.
Manteniendo
planes sociales vigentes, construcción viviendas en barrios pobres,
desprocesamiento de militantes enjuiciados, juicio a los responsables por la
muerte de una decena de dirigentes sociales desde 2001, modificando las normas
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que
estas organizaciones pudieran ser contratadas por el Estado para la Obra
pública y la construcción de viviendas sociales y la restitución de 25 mil
planes de asistencia social recortados, con el compromiso de cambiarlos por
otros instrumentos de política social, el kirchnerismo fue acrecentando su
poder hundiendo prácticamente en el ostracismo político a sus opositores.
Las
manifestaciones callejeras no fueron reprimidas, pero asimismo debieron cambiar
sus métodos y sus objetivos: de ser abiertamente en protesta pasaron a ser en
apoyo a las políticas transformadoras que se comenzaban a llevar a cabo, con
estas medidas prestaron su apoyo otros grupos sociales: Federación Tierra y
Vivienda; el Frente Transversal, Barrios de Pie, resultando casi el único
movimiento piquetero que continúo en la oposición el Movimiento Independiente
de Jubilados y Desocupados (MIJD).
Las
políticas referidas a la Corte Suprema, los DDHH y las medidas económicas le
permitieron obtener la primera minoría en el 2005, pese a lo cual legisló
preferentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia.
La
intervención en el INDEC permitió una política de manipulación de los índices
de precios que fue resistida por toda la oposición y los empleados del
organismo.
El
período 2003-2007 ha sido una etapa de gran avance de la economía argentina, registrando
tasas de crecimiento promedio del orden del 9 % anual. El desempeño productivo
estuvo motorizado por la persistente mejora que presentaron el gasto doméstico
privado (consumo e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la
generación de mano de obra fue otra característica saliente del período
2003-2007; ello se evidenció en una tasa de desocupación que fue descendiendo
sin interrupciones con reducciones importantes, alcanzando niveles de un
dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un tipo de cambio real
competitivo y estable ha tenido un rol fundamental en la caída de la tasa de
desempleo, debido a una mayor incorporación de mano de obra en la producción.
El
oficialismo se arrogó estas mejoras auto celebrando su “gestión”, la oposición adjudicó
gran parte de ella al “viento de cola” que significaba el ingreso
extraordinario por exportación de commodities, en especial soja.
Comenzaron
a instalarse en la opinión pública y en los tribunales denuncias por
corrupción: utilización de los aviones Tango 02 y Tango 10 ―perteneciente a la
flota presidencial― para uso no oficial, malversación de caudales públicos,
enriquecimiento ilícito, manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz,
etc., la revista The Economist trató a Kirchner de «populista», que el
presidente argentino compartía con una serie de figuras como el nacionalista
peruano Ollanta Humala, el demócrata socialista mexicano Andrés Manuel López
Obrador y el presidente de Venezuela Hugo Chávez, Wall Street Journal criticó a la Bolsa de
Nueva York por elegir a Kirchner para «campanero», acusándolo de "Señor
antimercado", Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, lo
acusó de tener un estilo personalista, de gobernar con dosis de autoritarismo y
hegemonía, un estilo agresivo de ruptura inducida y confrontación.
Pese
a estas críticas y a un cierto malestar social todavía incipiente, en lugar de
postular su reelección entronizó a su esposa Cristina Elizabeth Fernández como
candidata del FRENTE PARA LA VICTORIA, en el que subsumió definitivamente al
Partido Justicialista.
Consagrada
ganadora en primera vuelta (llevando como vicepresidente al radical Julio C.
Cobos) con el 45,29 % de los votos positivos ―con uno de los más holgados
márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983―, en una elección
donde la abstención fue la mayor desde las elecciones de 1922, sucedió el 10 de
diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta
esa fecha.
Posteriormente,
y ya fallecido su marido, se presenta a su reelección en 2011, con el apoyo
manifiesto de diversos sectores, entre ellos la Confederación General del
Trabajo (CGT), el secretariado general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y
el de Camioneros, el secretario general de la Federación de Tierra y Vivienda
(FTV) y Central de Movimientos Populares (CMP), así como también el de varios
gobernadores, legisladores, funcionarios, las asociaciones de Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo.
Se
dio inicio a una política de re estatización de empresas (Aerolíneas
Argentinas, Austral, Fábrica Argentina de Aviones, el sistema previsional,
YPF), continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor
Kirchner, modificó la legislación en temas relacionados a los derechos
personalísimos, modificó la legislación sobre matrimonio permitiendo que
personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar, el derecho a elegir la propia
identidad siendo esta una «vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, creó la Asignación Universal por Hijo, (una idea
original de la diputada Elisa Carrió), creó el programa «Fútbol para todos», la
estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional, se impulsó la construcción de viviendas
sociales, se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines
redistributivos.
En
materia laboral se profundizó la negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del
trabajo.
En
el 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio
de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los
mercados de materias primas de los Estados Unidos en los momentos previos a la
declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, se anunció un nuevo
sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus
derivados: soja, girasol, maíz y trigo.
La
Resolución 125 fue rechazada por las cuatro organizaciones que reúnen al sector
empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, declararon
un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendió durante 129
días. En lo político el «campo» ―como lo definieron varios medios de
comunicación― era un conjunto heterogéneo con sectores históricamente
enfrentados, como la Federación Agraria Argentina (que representa a los
pequeños y medianos productores) y la Sociedad Rural Argentina (que representa
a los terratenientes o las clases altas porteñas).
Asimismo
la disputa incluyó sectores políticos relegados durante las elecciones de 2007.
El
conflicto se agravó, cuando las patronales agro ganaderas decidieron que el
paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto
el incremento dispuesto, y la presidenta Cristina Kirchner declaró que no
negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio
nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de
las ciudades.
El
agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país
salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del
gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos
entre partidarios de ambas posiciones.
En
junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las
retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños
productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en
definitiva la situación. En, la Cámara de Senadores, en una votación que debió
ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley
enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con
modificaciones por la Cámara de Diputados, al día siguiente la presidenta de la
Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de
los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.
Esta
derrota significó un duró traspié para el oficialismo del cual no se recuperó
hasta la fecha. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de
comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era “un cadáver
político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro”.
El
voto de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos en contra del
proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que
causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a
un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados
por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo
de vicepresidente.
A
esta crisis le sucedieron otras como la del Banco Central a consecuencia del
Fondo del Bicentenario, el retiro de subsidios a los consumos en agua,
electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país, (que según la
oposición no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con
mejorar las cuentas fiscales), el reparto a las provincias de los fondos
coparticipables, existiendo provincias, que realizaron presentaciones ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando reparación, ante
lo que consideran avasallamiento de sus derechos constitucionales por parte del
gobierno nacional, controversias debido al uso de fondos para solventar el
programa Fútbol para Todos, la modificación de la Ley Antiterrorista Argentina,
la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la
disputa con el grupo Clarín, las leyes conocidas en su conjunto como
Democratización de la Justicia, el conflicto con los acreedores externos (y su
consecuencia, el fallo del Juez Griesa), la ley de Regulación de las Relaciones
de Producción y Consumo, nueva Ley de Abastecimiento, la sanción del nuevo
Código Civil, el proyecto (próximo a ser ley) del Código de Procedimientos en
materia Penal, todo ello dio lugar, primero a manifestaciones populares
denominada “cacerolazos”, con masivas movilizaciones, si bien las consignas y
reclamos de los manifestantes fueron muy heterogéneas y en algunas ocasiones
contradictorios entre sí, y luego a fuertes rechazos sociales y políticos, no
escuchados ni atendidos por el oficialismo.
La
oposición en su conjunto, los medios de comunicación críticos, un sector
importante del sindicalismo y en estos días, dirigentes empresarios se destacan
por considerar el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández, como autoritario,
divisionista, provocador, intolerante, avasallador, y fundamentalmente envuelto
en lo que se denomina “el relato” que tergiversa la realidad.
Frente
a este oficialismo, hoy se alzan como alternativas: la posibilidad de
continuidad (con más o menos cambios) del mismo en figuras como el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, el de Entre Ríos, el Ministro de Defensa, el
Ministro de Interior y Transporte, un Senador nacional del FPV, el Presidente
de la Cámara de Diputados, el candidato del Movimiento Evita; un kirchnerismo reciclado
en renovador; y un sector opositor fraccionado entre el Pro y UNEN.
CONCLUSIONES:
Este
breve pantallazo histórico tipo Wikipedia solo pretende demostrar que la
realidad de “las dos veredas”, ha sido una constante histórica en la política
de nuestro país: realistas/emancipadores, moderados/jacobinos, unitarios/federales, autonomistas/nacionales,
conservadores/anti conservadores, radicales/anti radicales,
personalistas/antipersonalistas, civiles/militares, peronistas/antiperonistas,
menemistas/anti menemistas,
kirchneristas/antiK, cristinistas/anticristinistas, han transitado y
transitan la realidad de nuestras dirigencias.
En
ocasiones, ambos componentes de la dicotomía son acompañados por un grupo más o
menos importante del conjunto social, luego son dejados de lado con el cambio
de preferencias.
Pocos
han subsistido a la pérdida del Gobierno, siendo tal vez la única excepción el
peronismo, que, tras 18 años de proscripción y exilio pudo volver a la Casa
Rosada.
En
todos los gobiernos podemos encontrar aciertos y en todos encontrar errores,
algunos perdonables y otros no, pero lo que no encontramos en ninguno es un
deseo una voluntad de “trabajar junto y con el otro” en pos de algo que vaya más allá del mero
período presidencial.
Las
propuestas políticas han sido y son, personalistas (en el sentido de que
resultan excluyentes del resto de los actores del conjunto social), no ha habido, ni hay, una
sola proposición que integre al conjunto y ofrezca como plataforma la labor
mancomunada en base a puntos estratégicos mínimos que nos permitan perfilar un
futuro de país.
Los
ofrecimientos pre electorales hoy en danza y los nombres que los encarnan
siguen presentando más antinomias inmediatistas: continuidad oficialista o
derrota oficialista, lo cual responde a lo urgente, pero no a lo importante.
La
carencia de un COMPROMISO DE GARANTÍAS NACIONALES DEMOCRATICAS Y REPUBLICANAS,
bajo el nombre con el que quiera
designárselo, pone blanco sobre negro respecto a las falencias de las clases
dirigentes.
Resulta
difícil creer que podremos alguna vez superar nuestra cíclicas crisis
políticas, económicas y sociales, si no nos proponemos alguna vez pensar en
realizar una NACION con mayúsculas, no limitada a un cuatreño que contenga la
posibilidad de una reelección, sino pensada para el mediano y largo plazo, con
el compromiso de todos los actores sociales de impulsar, realizar, concretar
puntos mínimos de acuerdo que nos cobijen a todos.
